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Formulación, gestión y evaluación de programas sociales

INTRODUCCION

Para entender qué son las políticas públicas, es necesario diferenciar dos conceptos que en nuestro idioma no tienen traducción: Politics (política), policies (políticas). El primero es entendido como las relaciones de poder, los procesos electorales, las confrontaciones entre organizaciones sociales con el gobierno. El segundo tiene que ver más con las acciones, decisiones y omisiones por parte de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos.

Toda organización política, de gobierno o sindical necesita reglas para medir o limitar el uso de los recursos con los que cuenta con políticas, que se utilizan para organizar, plantear y regular a los personajes de esta organización.

Panamá es un país de grandes contrastes económicos y sociales, donde se combinan una alta desigualdad, con un gasto social elevado. Esto ha provocado que 4 de cada 10 personas que residen en el país, se encuentren en situación de pobreza (37.2%), mientras que un total de 511,800 personas, 16.7% del total de la población, viven en condición de pobreza extrema. Esta realidad planteó la necesidad de desarrollar políticas sociales de combate a la pobreza y protección social, promoviendo mecanismos más efectivos de distribución de la riqueza y la inversión social.

Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer los elementos que deben ser estudiados para entender un poco sobre la situación social, educativa y económica que enfrenta estos pilares del estado.

 

  1. POLITICAS

Una política pública es el programa de acción de una autoridad pública. Es un programa de gobierno que se estructura para darle solución a un problema social, previamente identificado y diagnosticado. En términos específicos la política educativa es el conjunto de principios, normas y especificaciones de tipo biosicológico, socioeconómico, cultural, pedagógico y científico tecnológico, que el Estado fija para orientar el desarrollo del proceso educativo, desde la determinación de sus fines hasta el establecimiento de estrategias, que harán posible el alcance de éstos.

Las políticas son el diseño de una acción colectiva intencional; el curso que toma la acción como resultado de las decisiones e interacciones que comporta son los hechos reales que la acción produce. En este sentido, las políticas son “el curso de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un problema o asunto de interés. El concepto de políticas presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se propone y quiere. Las políticas se conforma mediante un conjunto de decisión, y la elección entre alternativas” (Aguilar, 2003a:25).

A nivel regional se trazan las políticas educativas regionales tomando como base las políticas y normas nacionales, así como las necesidades, características y potencialidades de la región. Tanto en el diseño de las políticas regionales, como en su ejecución, seguimiento y evaluación, integradas por tres representantes de los educadores. A nivel municipal existirá una Junta Municipal de Educación que elaborará conjuntamente con la Dirección Regional de Educación el plan de realizaciones mínimas a seguir, que abarque todos los aspectos de la labor escolar del año lectivo siguiente.

El nivel local o institucional comprende los centros escolares y corresponde a esta instancia, la ejecución de las políticas y estrategias tendientes a lograr los fines y objetivos de la educación con el apoyo de las Juntas Educativas Escolares.

  1. POLITICAS SOCIALES

En Panamá, como en otros países de la región, resulta fundamental para el avance en la lucha contra la pobreza, un replanteamiento de las políticas sociales, que permita una rearticulación de su dimensión operativa, para actuar e incidir, mediante mecanismos no contributivos, en el bienestar de la población más pobre del país.

La política social aparece ya como un instrumento para salirle al paso a las tensiones sociales, de reducir su nivel, despolitizarlas e incluso derivarlas hacia fuentes menos conflictivas ya incluso como una herramienta de control social de esas clases, surgiendo de esta manera como una respuesta política tanto como económica y el mantenimiento del orden social. Es decir, tanto las políticas públicas como las políticas sociales deben tener presentes en su diseño que la pobreza, se encuentra condicionada por factores coyunturales y estructurales, así como por elementos sincrónicos y diacrónicos que se reflejan geográfica y socialmente. Cada una de esas dimensiones debe ser atendida de manera particular, teniendo en cuenta adecuados mecanismos de gasto social.

Las políticas sociales del Estado son instrumentos de acción propio; por ejemplo la función ideológica de dichas políticas residen en el ocultamiento de las causas reales de la condición de dominado de los sectores populares y por el desconocimiento de la superación de las condiciones de vida. AI constituirse en una arma ideológica crea expectativas en los individuos y asegura la legitimación del Estado. Se convierten de tal forma las actividades de orden institucional en formas paliativas de carácter reivindicativo y no de transformación.

La política social panameña es universalista. Esto se traduce por una parte, en lo estructural, en servicios sociales básicos, por el otro, en lo compensatorio, en acciones de protección social contributiva y no contributivas. Estas políticas deberán articular su acción con los objetivos del Trabajo Social por lo que no pueden seguir pretendiendo influir sobre las estructuras vigentes ni sobre las personas con problemas sino trabajar “sobre las interacciones sociales que son el origen de determinados regímenes de prácticas colectivas característicos de la vida cotidiana”. De esta forma para explicar la relación de las políticas sociales con la nueva concepción autodesarrolladora de Trabajo Social tenemos que pensar en las políticas sociales como una categoría dialéctica y no ahistórica, concebida como estrategias sociopolíticas que generen relaciones permeables entre la comunidad y los agentes sociales, las instituciones, el estado y sus representantes, de modo que las acciones políticas se ajusten a las demandas ciudadanas y constituyan realmente la prestación de un servicio social apartándose de la caridad y los parches circunstanciales. También deben tomar otro camino en función de no solo satisfacer demandas y problemáticas sociales sino de potenciar las posibilidades de autonomía y desarrollo de los sujetos sociales marcadas por alternativas de solución que integren los objetivos y recursos que estas políticas sociales puedan poner a su disposición.

Las políticas sociales intervienen como uno de los ejes del Trabajo Social y mediadoras entre la comunidad, los grupos y sujetos individuales y las instituciones sociales y el Estado pero para asegurar una posición de autogestión y crecimiento se deben modificar los referentes epistemológicos que orienta la visión acerca de la sociedad y del hombre lo que definiría nuevas posiciones jerárquicas, reglas organizacionales y oportunidades. Los programas relacionados con políticas de protección social no están dirigidos a los más necesitados, no obstante, cuando lo están no son efectivos en la reducción de la pobreza. Esto es el reflejo de inequidades en la focalización del gasto social, en el sentido de que los servicios sociales y las acciones de protección social que se originan desde el Estado tienen su mayor impacto en los sectores sociales con mayor acceso a estos, pero que no necesariamente son los de mayor marginalidad y exclusión social.

En la búsqueda de alternativas para la reorganización del gasto social, la finalidad de los esfuerzos no es disminuir los montos de financiamiento, sino utilizar los recursos de manera más eficiente, racional y equitativa, prioritariamente diseñando, adecuando y ejecutando planes, programas y proyectos que respondan a las necesidades y condiciones de los sectores de mayor pobreza. Esto implica que las acciones de carácter social que la institucionalidad pública ejecute, deben ser capaces de atender y enfrentar, intersectorialmente, las particularidades y características de los sectores más pobres.

La consecuencia más clara de esta lógica constitutiva de las políticas sociales es que las acciones, incluso en los niveles operativos, en las cuales se traduce la misma sean intrínsecamente genéricas, a pesar de la diversidad de necesidades y demandas de los distintos sectores sociales. Dicho de otra forma, lo universal de las políticas sociales no es necesariamente su nivel cobertura y la capacidad de adecuarse a distintas realidades, sino lo genérico de sus diseños de intervención. Esto ocurre porque los diseños de los planes y proyectos de las políticas sociales, que operan desde la lógica de la oferta, no obtienen impactos considerables en la satisfacción de las necesidades específicas y reales de la población en condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de los pobres extremos.

Las acciones de protección social no son nuevas. Estas acciones se han orientado hacia problemas y sectores sociales sin mediación de instrumentos científicos por lo que resulta difícil promover y estimular procesos de movilidad social ascendente e inclusión social de grupos marginales y/o vulnerables. Es decir, las acciones de protección social que lleva adelante el Estado, en tanto dimensión compensatoria de las políticas sociales, han sido de carácter reactivo ante las demandas sociales de quienes tienen capacidad para hacerlas y escasamente proactivas en su naturaleza de acción hacia grupos con reducida capacidad de movilización política.

En la situación actual, los beneficios no se distribuyen de acuerdo a las necesidades, distinciones y particularidades de los sectores sociales, sino de acuerdo a la capacidad política y de presión de algunos grupos, que no son los más desposeídos, para exigir e imponerse de acuerdo a sus intereses particulares. Esta realidad influyó tanto en la utilización de los recursos de que dispone el Estado en materia de protección social, como en la poca prioridad y pertinencia para la población con mayores necesidades insatisfechas y carencia de condiciones básicas en la acumulación de capital humano.

La adecuación de las acciones de protección social hacia la población en pobreza extrema no es sólo un problema tecnocrático en el sentido de reformular diseños y conceptos de programas o ejecuciones presupuestales más efectivas, sino también la capacidad política para reorientar recursos hacia los grupos más vulnerables de la población a través de un diseño intersectorial de acción de la política social y del manejo de las reacciones políticas de sectores con intereses distintos.

La política de protección social emerge y toma importancia en tanto es capaz de articular y orientar la política social. Es decir, en la medida que se muestran las limitaciones, agotamiento y crisis de los mecanismos de solidaridad y protección de tipo contributivas, pensados, concebidos e instituidos en un contexto histórico distinto. En otras palabras, redefinir y adecuar el papel del Estado en lo social implica “considerar que en la inflexión histórica actual de la región hay que pasar de un conjunto de políticas sociales a un sistema de protección social integral que las conjugue”.

  1. SISTEMA BIENESTAR SOCIAL

Las políticas sociales van muy de la mano con el bienestar social y debido a esto es que deben de estar enfocadas a las problemáticas y tendencias que se enfrentan hoy en día en el país. A medida de que las políticas sociales lleven una buena dirección, enfoque, estrategias y una implementación adecuada, se llegaría a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad y no solo a pequeños sectores, haciendo énfasis en que debemos estar más pendientes de aquellos sectores vulnerables que la sociedad a marginado por diferentes situaciones, llevando una buena administración y ejecución, es decir enfocar las políticas a los personas que de verdad lo necesitan y no a todos los individuos, establecer requisitos más rigurosos para poder recibir los servicios, así como solicitar la participación de toda la comunidad.

La acción social se entiende como todo el esfuerzo consciente, organizado y dirigido, individual o colectivo, que de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio social, para mantener una situación, mejorarla o transformarla.

Las actividades de Bienestar Social que no apuntan a la erradicación de las causas profundas del atraso y de la dependencia para solucionar los problemas sociales están inmersas en el asistencialismo, que es la típica política social de los grupos sociales dominantes. La política social canalizada en los programas de Bienestar Social, constituye una serie de servicios a los grupos de bajos recursos económicos y una inversión reproductora de las condiciones económicas, puesto que el Estado invierte en infraestructura con dos propósitos: promover el desarrollo económico-social-nacional y asegurar la fuerza del trabajo. Estás políticas enfocadas en el bienestar social permiten determinar hacia donde y en qué campo está enfocado el planeamiento social.

Los servicios de Bienestar Social están comprendidos en programas de carácter público y privado, aunque no estén plenamente definidos, pero si tienen objetivos inmediatos que cumplir y afectan a grupos diferentes de población.

El Ministerio de Desarrollo Social es el ente rector de las políticas sociales del Estado panameño. Esta institución lidera la inversión social para el fortalecimiento de las habilidades y capacidades del capital humano del país para lograr la sostenibilidad del desarrollo nacional. Igualmente, el Mides vela por la protección social y la regulación de la calidad de los servicios, tendientes a prevenir la exclusión social y compensar sus consecuencias.

Los problemas relacionados con el bienestar social constituyen un reto permanente para los estudiosos de las ciencias sociales. En primer lugar, porque el concepto de bienestar es un concepto difícil de conceptuar, en particular debido a los aspectos subjetivos que afectan al bienestar individual y que se trasladan al bienestar colectivo o social. Esta falta de precisión del concepto afecta lógicamente a su medición. En segundo lugar, porque siendo un concepto multidimensional, es casi imposible de abarcar a partir de datos empíricos. Finalmente, porque el Bienestar Individual, al igual que la utilidad, presentan serios problemas metodológicos para su agregación en un ente colectivo. Sin embargo, a pesar de las dificultades que encierra su medición, para las sociedades modernas es indispensable disponer de instrumentos capaces de medir los impactos que las medidas de política social puedan tener sobre el bienestar social de las familias y de servir de guía para el seguimiento de tales políticas a través del tiempo y del espacio.

  1. PROGRAMAS O PROYECTOS SOCIALES

En nuestro país no existían mecanismos institucionales para identificar las preferencias y la voluntad de los usuarios en la formulación de políticas, planes y programas, no obstante se han establecido vías para lograrlos a través de la integración de la comunidad educativa como un ente de alianza entre los educadores, estudiantes, familia, organizaciones e instituciones de la comunidad y otras instancias de la sociedad, que trabajarán para asegurar formas de colaboración efectivas, en función del logro de los objetivos de la educación. Para ello se crearán y pondrán en marcha las asociaciones, centros de colaboración, consejos, juntas, comisiones y otros mecanismos participantes y de concertación en las escuelas, comunidades locales, municipios, circuitos, zonas, regiones educativas y nivel central del sistema.

Entre algunos de los programas y proyectos sociales que están basados en mejorar la educación panameña tenemos:

Alfabetización

Calidad de la enseñanza

Atención a la primera infancia

  1. PLANIFICACION

Panamá se enfrenta desde hace mucho tiempo, a un Sistema Educativo con múltiples problemas, a pesar de notorios esfuerzos realizados para superarlos; siendo un tema preocupante la baja calidad de la misma, dando un resultado un bajo aporte a los elementos fundamentales de la sociedad: los valores culturales, éticos, políticos y científicos. De esta manera el objetivo principal de la modernización educativa en nuestro país, es realizar una simbiosis entre sus componentes. La simbiosis Sociedad – Escuela, Democracia – Educación quedan así, finalmente ligados al servicio de la reconstrucción moral y ética de la población, promoviendo la plena realización humana.

Para obtener esta identificación de democracia y proceso educativo, Panamá se propone los siguientes lineamientos de Política Educativa:

Estas políticas para la modernización de la educación Panameña están compuestas por las siguientes:

Fomento de la democratización de los servicios educativos

La educación contará con la más alta prioridad dentro de las políticas del Estado panameño, por ser el medio idóneo que contribuirá a la realización plena de las personas, esto tiene como objetivo primordial elevar la competitividad económica, impulsar la modernización de la sociedad y el fomento de las técnicas de la ciencia, la tecnología, la creatividad y la innovación. A su vez, contribuirá a formar a los estudiantes por medio de los valores y actitudes de una nueva ciudadanía.

Se le dará mucha importancia a la equidad educativa, ofreciendo oportunidades amplias y efectivas para que todos los niños y jóvenes del país tengan acceso igualitario; además, logren dentro del sistema educativo, permanecer y culminar sus estudios, de manera exitosa. Llevándose a cabo estás oportunidades en el nivel de Educación Básica o Primer Nivel de Enseñanza; asegurándose así la obligatoriedad y gratuidad educativa a toda la niñez, particularmente la más pobre a todo lo largo de los 11 años de escolaridad. Se crearán las condiciones que aseguren que todos los niños y niñas del país cuenten con servicios regulares o no regulares de educación preescolar. Este servicio se ofrecerá progresivamente de acuerdo con la capacidad financiera del Estado, y se le asignará una elevada prioridad a las áreas indígenas, rurales y urbanos marginales más pobres, para lo cual se contará con el apoyo de las familias, organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas en el desarrollo de la niñez.

Se espera lograr con esta política, la ampliación de la cobertura de la Educación Básica General, mediante la escolarización del 75% de los niños y niñas promedio de 4 y 5 años de edad; una educación primaria completa para el 99% de la población comprendida entre los niños que contengan la edad de 6 y 11 años y la atención del 90% de los jóvenes de 12-14 años que cursan la educación pre-media de 7° a 9° grado. También se busca elevar a 70% la cobertura de la Educación Media Diversificada y a un 80%, el índice de graduados en este nivel; reducir el índice de analfabetismo a 3% en la población de jóvenes y adultos de 10 años y más, en todo el país, que no saben leer ni escribir.

Atención prioritaria al mejoramiento de la calidad de la educación

Serán estimulados e impulsados el desarrollo de estrategias y procesos pedagógicos que desarrollen la autoestima y sociabilidad, la capacidad de pensar, de comunicarse oral, correctamente y por escrito, en español y tener el dominio de otras lenguas; trabajar y estudiar creativamente, ejercitar la imaginación y el juicio crítico, investigar e innovar; resolver problemas de la vida cotidiana, adaptarse a las situaciones cambiantes; trabajar de manera cooperativa, tomar decisiones inteligentes, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a convivir pacíficamente.

Las estrategias didácticas privilegiarán la concertación, el trabajo en equipo, el diálogo, la tolerancia, la convivencia democrática, lo mismo que el respeto y aprecio por las tradiciones, lenguas, manifestaciones folklóricas y otras expresiones culturales autóctonas, tanto de las comunidades indígenas como de los otros grupos étnicos que viven en el país.

Esta política estará compuesta por un curriculum nacional de naturaleza relevante, integral y flexible, en el que se definirán los objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, así como los criterios de evaluación indispensables, que garanticen la adquisición de competencias esenciales con los niveles de calidad básicos para todos los alumnos de todos los centros educativos, de conformidad con el perfil de formación previsto. El mismo será actualizado periódicamente según los cambios que se operen en el conocimiento y en la realidad social del país.

El desarrollo del personal docente y directivo de las escuelas contará con la más alta prioridad dentro de la modernización del sistema, vista su incidencia directa en el mejoramiento de los logros educativos. Por esta razón, se pondrá atención preferente en la profesionalización de los docentes y directores, asegurando una formación académica, cultural y pedagógica inicial de alto nivel y calidad, lo mismo que su actualización y capacitación permanente, en relación con los cambios educativos propuestos, que les lleven a asumir un rol más activo, comprometido y creativo para garantizar la efectividad de las prácticas pedagógicas y de gestión, destinadas a mejorar los logros en los aprendizajes de los alumnos. La evaluación, investigación y la innovación educativa serán fomentadas y fortalecidas en todos los centros escolares del país, como una forma de lograr nuevos y efectivos procesos y resultados técnico-pedagógicos y administrativos que contribuyan a mejorar la equidad y calidad de los aprendizajes.

Se espera lograr con esta política, El diseño del nuevo curriculum de la Educación Básica General y de la Educación Media, y su aplicación en la totalidad de los centros educativos del país, como se mencionó anteriormente. El funcionamiento de un sistema nacional de evaluación de la calidad de la educación, con los indicadores, procedimientos y dependencias involucradas, que aporte información oportuna, consistente y relevante sobre los resultados académicos de los alumnos y del esfuerzo educativo realizado. El diseño e implementación de una estrategia de supervisión destinada al fomento y control de la calidad de la educación, en todos los niveles y modalidades educativas.

La organización y funcionamiento de un sistema de formación y capacitación continuada de docentes y directores de centros educativos, en los distintos niveles y modalidades educativas, de acuerdo con la Ley y los requerimientos de la modernización de la educación, con participación de las universidades y otras dependencias nacionales e internacionales especializadas.

Búsqueda de una planificación y gestión moderna, descentralizada y eficiente

La acción de la política educativa se focalizará en los centros educativos. Estos desarrollarán su labor, atendiendo el alcance de la misión, el grado de autonomía y flexibilidad mayor y el clima organizacional óptimo para asegurar una participación más creativa y dinámica de sus directores, docentes, alumnos, familias y comunidad educativa, en la toma de decisiones técnico pedagógicas y administrativas, así como en la formulación y gestión de su proyecto educativo de modernización institucional. Se impulsará una planificación y gestión descentralizada del sistema educativo que permita transferir eficazmente, hacia las regiones educativas, circuitos, zonas y centros educativos, mayor capacidad de decisión, programación, dirección, organización, coordinación, control y evaluación de la calidad de los procesos y resultados educativos. Esta descentralización buscará incentivar la participación creativa de los miembros de la comunidad educativa en la solución de problemas, fomentar las innovaciones técnico – pedagógicas y lograr una mayor eficiencia en la gestión educativa. Esta transferencia de decisiones y funciones se realizará de manera gradual, basada en los estudios y evaluaciones. En todos los centros educativos del país, se incrementará el tiempo dedicado a los aprendizajes del alumno.

Se asegurará la concertación de acciones y de esfuerzos con las diversas instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que promueven diferentes tipos de educación, tanto los dirigidos a los niños como a los jóvenes, adultos, discapacitados, trabajadores, población rural, indígena y otros grupos étnicos. Se espera lograr con esta política, el fortalecimiento de la autonomía relativa de los centros educativos para que formulen e implementen su propio proyecto institucional para el desarrollo educativo, en el marco de las políticas y normas educativas nacionales. Se desea que las regiones educativas funcionen de manera descentralizada y hayan fortalecido su capacidad de toma de decisiones en las áreas técnico-pedagógica, financiera, de los recursos humanos y materiales, que les permitan obtener logros educativos de calidad.

La aprobación y puesta en marcha de la ley de Carrera Docente, que indique, entre logros, los criterios y procesos para el reclutamiento, nombramiento y estímulos al personal docente. Así el incremento de aproximadamente 1,000 horas reloj mínimas por año, del tiempo que dedican los centros educativos a los aprendizajes del los alumnos.

Ampliación de la participación de la familia y la comunidad en la educación

La comunidad educativa se integrará como un ente de alianzas entre los educadores, estudiantes, familias, organizaciones e instituciones de la comunidad y otras instancias de la sociedad, que trabajarán para asegurar formas de colaboración efectivas, en función del logro de los objetivos de la educación. De esta manera, se estipula la creación de asociaciones que pondrán en marcha centros de colaboración, consejos, juntas, comisiones y otros mecanismos de participación y de concertación en las escuelas, comunidades locales, municipios, circuitos, zonas, regiones educativas y nivel central del sistema, que facilitarán esa cooperación recíproca.

Esta modernización de políticas educativas prestará una atención especial a la participación de las familias dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, vista la influencia decisiva que ella tiene en la socialización y formación de la niñez y la juventud. En esta vía se reforzarán las asociaciones de padres de familia y se impulsará el funcionamiento de la comunidad educativa, de modo que el centro educativo y la familia consoliden la unidad de propósitos para el logro de aprendizajes con equidad y calidad en los alumnos. El funcionamiento de programas de orientación y capacitación de padres y madres de familia, en relación con la educación de sus hijos, en todas las comunidades locales del país.

En el marco de la visión propuesta, como parte de la misión del Ministerio de Educación, se pondrá en marcha la descentralización progresiva de las decisiones y funciones, que permita fortalecer el compromiso y la capacidad de innovación técnico pedagógica y administrativa de las instancias regionales del sistema y, sobre todo, de los centros educativos de todo el país.

Estas políticas son fundamentales ya que la educación es considerada como la principal herramienta para el progreso de los pueblos, y por ende es la solución de sus grandes problemas; entre los principales la superación de la pobreza. Y es muy cierto que la educación juega un papel primordial en los países que han alcanzado vida de calidad para sus ciudadanos. No es el único factor a considerar, pero es imposible obviarlo si se desea mejorar un país. Estos procesos de modernización deben consolidarse en el futuro inmediato, pues son la condición para que nuestro país, siempre con su soberanía fortalecida, logre prosperidad estable, equidad en la distribución de la riqueza, un régimen democrático avanzado, seguridad y tolerancia en la convivencia social y una relación responsable y previsora.

Para dar curso a estas políticas, las estrategias incluyen enfrentar las situaciones de extrema pobreza y la “reestructuración de la educación en sus contenidos y organización, concentrando los recursos en la educación primaria, media y técnica”.

Esta reestructuración incluye, entre otros, los siguientes aspectos:

Entre los modernismos de la educación del período escolar se hará realidad la vieja aspiración de reducir el número de asignaturas que fraccionaban el proceso de enseñanza en múltiples espacios aislados confundiendo el aprendizaje del niño como si se tratara de aprender conocimientos dispersos sin ninguna conexión entre ellos. Quedarán Religión, Moral y Valores; Español; Matemática; e Inglés y se funden las Ciencias Naturales y Sociales bajo el nombre Ambiente Natural y Social, presentando una concepción integral del mundo circundante, así como Educación Física y Expresiones Artísticas. Además, se añade la materia Tecnologías haciendo un esfuerzo por subrayar la importancia de vincular al estudiante con el desarrollo en el mundo productivo del que formará parte. A estas siete asignaturas, y con el objeto de darle alguna flexibilidad al plan de estudios, se incorpora un espacio abierto para electivas de acuerdo al interés de la Comunidad Educativa correspondiente al centro escolar.

Otro cambio del curriculum lo constituye la incorporación de nuevos contenidos mediante ejes transversales tales como derechos humanos, ambiente y género, así como la decisión de introducir en todos los programas de las asignaturas un enfoque de educación hacia el trabajo, de manera que pueda cumplirse con este objetivo señalado por nuestra Constitución Política y exigido cada vez con mayor insistencia por la sociedad.

La aplicación del nuevo plan de estudios y de los programas correspondientes constituye una medida largamente esperada por los educadores y los padres de familia, porque algunos tienen cuarenta años de no haber sido renovados como resultado de la parálisis que vivió la educación nacional durante el período de la dictadura militar. Sin duda alguna se trata del cambio más importante de todos los que incluye el proceso de modernización y para muchos panameños debió preceder a la extensión del calendario escolar y a la ley de descentralización de la educación.

CONCLUSION

La estrategia de modernización del país y la reforma del Estado requieren que se aceleren los cambios en el orden educativo. Al igual que en las otras esferas de la vida nacional, este trabajo implica una nueva relación entre el Estado y la sociedad y de los niveles de gobierno entre sí y supone, en general, una participación más intensa de la sociedad en el campo de la educación.

Siempre se ha señalado a la educación como la principal herramienta para el progreso de los pueblos, y por ende la solución de sus grandes problemas; entre los principales la superación de la pobreza. Y es muy cierto que la educación juega un papel primordial en los países que han alcanzado vida de calidad para sus ciudadanos. No es el único factor a considerar, pero es imposible obviarlo si se desea mejorar un país.

Sin duda alguna, la educación puede considerarse como una responsabilidad de las sociedades. Prescindir de la educación es proporcional a negar al hombre la oportunidad de convertirse en un ciudadano que perciba y comprenda los cambios que acompañan los avances en diversas áreas del conocimiento. Por tal razón, en el ámbito internacional, el papel de la educación es realmente crucial en tanto que favorece al desarrollo. No podemos siquiera obviar el hecho de que gran parte de los países iberoamericanos se apoyan en la educación como un medio que fomenta la productividad y la competitividad. Por tal razón, nuevas políticas y sistemas administrativos han sido sugeridos para garantizar el acceso a la educación a un porcentaje mayor de la población, para reafirmar el principio de equidad. Podemos incluso decir que la educación, desde la perspectiva de los países en vías de desarrollo, es el elemento central entre las necesidades y las aspiraciones de la sociedad. Por tal motivo, cabe señalarse que además de dignificar al hombre, la educación puede ser la vía que muchas de nuestras sociedades deben seguir para alcanzar niveles de excelencia perceptibles globalmente.

Relacionadas con la provisión de servicios sociales, las políticas sociales forman parte del Estado de bienestar, su representación institucional, y abarcan una extensa gama de programas sociales, como políticas de salud, seguridad social, vivienda, educación u ocio. Hoy su objetivo es la búsqueda del bienestar y la mejoría de las condiciones materiales de vida de la población.

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