Administración de la Seguridad Social

INTRODUCCION

El concepto de seguridad social es un concepto que surge principalmente en el siglo XX como resultado de diferentes situaciones de crisis generalizadas, económicas, sociales y políticas que buscan entonces ser aplacadas por la acción del Estado. La seguridad social es la acción que los diferentes Estados pueden llevar adelante para eliminar problemas tales como la pobreza, la miseria, el desempleo, etc. y asegurar los miembros de la sociedad el acceso permanente a los derechos más importantes.

A veces también llamado seguro social o previsión social, se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, pobreza, vejez, discapacidades, vivienda, desempleo, familias con niños, familias numerosas, familias en situación de riesgo, y otras.

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad.

Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este objetivo. En este contexto siempre se concibió al Estado como el principal, si no el único promotor de esta rama de la política socioeconómica puesto que los programas de seguridad social están incorporados en la planificación general de este. Sin embargo, no siempre se logró a través de tales políticas desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo, en el cual la persona tuviera la gravitación que amerita. Se suma a ello el vertiginoso avance de la economía mundial. En otras palabras, no hubo un desarrollo paralelo de ambas áreas, condición vital para lograr un crecimiento equilibrado.

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de seguridad social. Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.

En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al desempleo, o los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han ido surgiendo en muchos países tanto industrializados como en vías de desarrollo desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

a. Como Surge

La Seguridad Social nace en Alemania, en la época del Canciller Otto von Bismarck, con la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1883.

La expresión “Seguridad Social” se populariza a partir de su uso por primera vez en una ley en Estados Unidos, concretamente en la “Social Security Act” de 1935. Y, posteriormente, el concepto es ampliado por Sir William Beveridge en el llamado “Informe Beveridge” (el llamado “Social Insurance and Allied Services Report”) de 1942 con las prestaciones de salud y la constitución del National Health Service (Servicio Nacional de Salud, en español) británico en 1948.

b. Definición

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.

Diversos autores e instituciones, en particular los que tienen experiencia en países en desarrollo, han abogado por una definición más amplia de la seguridad social. Algunos afirman que, en el contexto de una estrategia para el desarrollo y de lucha contra la pobreza, la seguridad social puede incluir también políticas tales como un acceso a los bienes de capital productivos, la garantía del empleo, salarios mínimos y la seguridad alimentaria.

Otros distinguen dos aspectos de la seguridad social, que se definen por la utilización de medios sociales para evitar la privación (promoción de los niveles de vida) y la vulnerabilidad a la privación (protección frente al deterioro de los niveles de vida). Muchas organizaciones internacionales, entre ellas la OIT, utilizan también el concepto más amplio de .protección social., que abarca no sólo la seguridad social sino también los sistemas no obligatorios; la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) incluye en sus datos relativos a la protección social determinados servicios sociales, entre ellos las guarderías y la ayuda en el hogar.

c. Objetivos

El objetivo de la seguridad social es la de ofrecer protección a las personas que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus principales necesidades, proporcionándoles.

La Seguridad Social Integral tiene como fin proteger a los habitantes de la República, de las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no de trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial, invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo que pueda ser objeto de previsión social, así como de las cargas derivadas de la vida familiar y las necesidades de vivienda, recreación que tiene todo ser humano.

La Seguridad Social debe velar porque las personas que están en la imposibilidad sea temporal o permanente de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados o servicios”

d. Propósitos

• Garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.
• Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.
• Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios.
• Garantizar ampliación de la cobertura (todos en el sistema)

II. SEGURIDAD SOCIAL EN PANAMÁ Y RESTO DEL MUNDO

En los últimos años se ha venido hablando mucho sobre la difícil situación financiera de una de las instituciones más importantes y antigüas del país, La Caja del Seguro Social, de la cual depende una gran cantidad de panameños. Sin embargo, son muy pocos los que realmente conocen como surge y bajo que parámetros se fundó. La Caja del Seguro Social fue, como se dice muy comúnmente, una obra del Doctor Arnulfo Arias Madrid durante su primera gestión como Presidente de la República. El sentido original fue proteger a todos aquellos trabajadores, independientes o no, bajo un paraguas que les permitiera, mediante una cotización, recibir servicios de salud y jubilación.

Es importante resaltar que con anterioridad a esta iniciativa existieron algunos preceptos legales que regulaban las jubilaciones a ciertos funcionarios públicos. Así pues, la primera legislación que sobre este tópico se dictó fue la Ley 9 de 8 de octubre de 1924. En la misma se establecía un sistema de jubilación a los empleados de la oficina de telégrafos que habiendo servido por veinticinco años o más tenían derecho a recibir, al separarse del servicio, una pensión equivalente a la suma del sueldo que hubiese percibido durante el último mes de labores. Este término se disminuyó a veinte años mediante la Ley 111 de 29 de diciembre de 1928. Sin embargo, la Ley establecía que dicha pensión estaba condicionada a que existiera disponibilidad de fondos.

Adicionalmente, dicha normativa incorporó un auxilio pecuniario equivalente al cincuenta por ciento del salario para aquellos funcionarios de la oficina de telégrafos que contrajeran alguna enfermedad que les impidiera laborar, hasta por seis meses. Dos años más tarde, mediante la Ley 65 de 22 de diciembre de 1926, la Asamblea Nacional amplió el radio de aplicación de la anterior Ley, incluyendo a los empleados de la Agencia Postal de Panamá, Banco Nacional y Hospital Santo Tomas, todos con condiciones de tiempo determinado o enfermedad para tener acceso a dicho derecho.

Posteriormente, mediante la Ley 78 de 24 de diciembre de 1930, se dictaron varias disposiciones sobre Instrucción Pública, en las que se estableció el sistema de pensiones para los maestros. Resulta de importancia analizar la Ley 7 de 5 de enero de 1935, pues con la misma se buscó recoger en un solo cuerpo legal lo establecido en las distintas Leyes.

Mediante esta norma se decretó por primera vez el sistema de cotización del empleado, deduciendo de todos ellos una suma equivalente al dos y medio por ciento del salario recibido por el servidor público. Por su parte el Estado aportaría a dicho fondo una suma anual de siete mil balboas.

La Ley 7 dictaminó el sistema de pensiones para empleados públicos que adquirieran una enfermedad incurable que les impidiese laborar, además de la devolución de las sumas aportadas en caso de despido sin causa justificada. Esta última norma legal fue de gran importancia, pues marcó los primeros elementos que serían utilizados durante la administración de Arnulfo Arias para la constitución de la Caja de Seguro Social.

La Caja de Seguro Social contó en sus inicios para que formaran parte de sus recursos, con un aporte por parte de la Nación como capital inicial para el funcionamiento de la institución, por la suma de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00); se gravó con un impuesto de un centésimo de Balboa (B/.0.01) a cada litro de cualquier clase de bebida alcohólica que se consumiera en el país, con excepción de la cerveza nacional cuyo impuesto se fijó en medio centésimo de balboa; adicionalmente se gravó con un impuesto de cinco por ciento (5%) para ser destinado a la entidad, todas las entradas brutas provenientes de la inserción de anuncios o avisos en diarios, revistas, y otras publicaciones periódicas, y, un impuesto de dos y medio por ciento (21/2%) sobre las entradas brutas provenientes de anuncios en la radio.

Resulta interesante resaltar que estos dos impuestos con que se grabaron a los medios de comunicación fueron derogados en el mes de noviembre del mismo año por el Presidente Ricardo de la Guardia, sucesor de Arnulfo Arias después de su derrocamiento el 9 de octubre de 1941.

La legislación en comento establecía que la persona que fuera a fungir como Gerente de la institución tenía que presentar una fianza de responsabilidad por la suma de veinticinco mil Balboas (B/.25,000.00).

Se le invistió a la Caja de Seguro Social de jurisdicción coactiva para el cobro de las sumas morosas, sin embargo el ejercicio de la misma le correspondía al Gerente, quien podía delegar en el Abogado Consultor de la entidad.

Resultaría claro hasta para el lector más descuidado que la legislación que creó la Caja del Seguro Social fue para aquella época muy de avanzada, pues de sus inicios a la fecha el marco que envolvió el concepto original sigue inalterable, lo que debe ser motivo de orgullo para nosotros.

a. Seguridad social en América Latina

La política social estatal no solo experimenta una revalorización sino también una reorientación. En el presente la realidad determina que el 40 % de la población latinoamericana vive en condiciones de pobreza, muchos de ellos en pobreza extrema.

La política ortodoxa de estabilización, con sus limitaciones estrictas del gasto público, tuvo sobretodo efectos contraproducentes en los servicios sociales y en el sistema estatal de seguridad social. Por un lado, la crisis social se extendió a una gran parte de la población, por otro lado no se pudieron acometer los procesos de depuración mediante una extensión equivalente del sistema público de bienestar social, muy por el contrario, en la mayoría de los países los gastos públicos destinados a servicios sociales retrocedieron considerablemente en valores absolutos durantes los años 80. En la mayoría de los países disminuyó también la participación relativa de los gastos sociales en los presupuestos estatales.

Ante este panorama de crisis social y empobrecimiento de gran parte de la población, le corresponde a la política social un papel clave ara contrarrestar las consecuencias negativas de los actuales programas.

Ya en 1987 la UNICEF se pronunció por un ajuste estructural humanitario que proteja a los más débiles en lugar de imponerles la carga más pesada del ajuste.

El efecto político-económico, potencialmente desestabilizador, de la marginación ha llevado al Banco Mundial y a los bancos de desarrollo regionales a otorgar un mayor significado a la problemática social en el marco del ajuste estructural. El banco Interamericano de desarrollo (BID) anunció en su reunión anual de 1993, celebrada en Hamburgo que para ese año se pretendía adjudicar el 50 % de sus créditos a programas sociales en comparación con el 27 % en 1992.

Queda por resolver, que tipo de política social puede ser la adecuada para conciliar conceptualmente y en la práctica los cambios estructurales necesarios y la estabilidad social. Para la identificación de estrategias se diferencia entre dos tipos de pobreza la estructural y la nueva. Por pobreza estructural se entiende los sectores marginados de la sociedad que permanecen tradicionalmente excluidos de circuito formal de la economía a causa de una estructura de producción heterogénea y que solo tiene acceso limitado e insuficiente a las ofertas de empleo y educación. Los nuevos pobres abarcan los grupos sociales que fueron “licenciados” a causa de la crisis económica o de la política de ajustes estructural: trabajadores y empleados que fueron despedidos de las empresas públicas o privadas y del servicio público, jóvenes desocupados, pensionados y personas jubiladas prematuramente. La crisis financiera y las deficiencias de los sistemas tradicionales de seguridad social, cada vez más criticados en los últimos tiempos, han despertado sobre si estos en forma actual, son adecuados para contener la crisis social. El sistema estatal de servicios sociales se ha desarrollado en forma muy diferente en los diversos países latinoamericanos. Se puede encontrar una combinación de los sistemas clásicos de seguridad social de previsión de enfermedades, vejez e invalidez y sistemas de seguridad social de orientación universalista, por ejemplo el caso de los servicios gratuitos de salud pública.

En todos los países existen sistemas privados de previsión, además de los sistemas públicos de servicios sociales. Argentina, Costa Rica, Cuba, Uruguay, Brasil, Jamaica, las Bahamas y Barbados tienen los sistemas de seguridad social más extensamente desarrollados. En casi todos esos países se estableció relativamente un sistema de seguridad social basado en el modelo de Bismarck, el cual se extendió progresivamente a sectores cada vez más amplios de la colectividad. Al menos formalmente, la población de esos países está amparada en un 70 al 100 % por este sistema. En el extremo opuesto se encuentran países como Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominica y Bolivia, en donde apenas un máximo del 20 % de la población está protegido por sistemas públicos de seguridad social.

Además hay países con un desnivel social considerable y otros con un desnivel entre la ciudad y el campo. En Colombia, Ecuador y Perú, por ejemplo del 64 al 84 % de los empleados en el área de la energía, del 40 al 45 % de los trabajadores de la industria procesadora están amparados, pero solo un 5 % de los trabajadores del campo reciben cuidados médicos a través del sistema de seguridad social.

En lugar de contribuir a una mayor justicia en la distribución, el sistema estatal de seguridad social reproduce la estructura social extremadamente desigual y la heterogeneidad estructural de las sociedades latinoamericanas.

Todas las críticas que se han hecho a la política social de América latina y su crisis actual, dieron lugar a nuevas orientaciones en esta materia. Desde hace algunos años se han estado ensayando esas propuestas en algunos países latinoamericanos.

Un enfoque de la política social más centrado en los grupos empobrecidos de la población como grupos-meta permite al menos considerar las desigualdades sociales existentes y lograr efectos progresivos de redistribución. Sin embargo los problemas de asistencia social estatal dirigidos a los pobres, tampoco son una novedad en la región, en diversos país existen desde los años 60 y 70 (Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala). Lo que si es nuevo es la estrecha vinculación de las estrategias orientadas a grupos-metas con la política de ajustes estructurales y su supeditación funcional a esta política. El BM y el BID facilitan recursos adicionales para las medidas sociales de amortiguación destinadas a aliviar la pobreza. Los Fondos de Inversión Social (FIS) constituyen la parte esencial de la estrategia político-social a los pobres recomendada por el BM como compensación a los costos sociales de la política de ajuste estructural en Latinoamérica. Los fondos sociales fueron implantados y probados por primera vez en Bolivia, en 1985,y también han sido aplicados en Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

b. Otros Países

En países como África subsahariana y en el sur de Asia, la cobertura de la seguridad social obligatoria se cifra entre el 5 y el 10% de la población activa, porcentaje que en algunos casos está disminuyendo. Por su parte, en América Latina, la cobertura se sitúa aproximadamente entre el 10 y el 80% y está en franco estancamiento. En el sudeste y en el este de Asia, la cobertura puede variar entre el 10 y casi el 100% y en muchos casos estaba aumentando hasta una fecha reciente.

En la mayoría de los países industrializados, la cobertura se aproxima al 100%, aunque en algunos de estos países, especialmente en los que se encuentran en proceso de transición, el grado de cumplimiento ha disminuido en los últimos años.

c. Campo de aplicación

Cualquier política de Seguridad Social debe comprender las siete grandes leyes fundamentales:

1. Asistencia médica;
2. Subsidios infantiles;
3. Muertes;
4. Incapacidad permanente;
5. Viudedad;
6. Orfandad;
7. Vejez

Así como los riesgos de la suspensión de la ganancia, los cuales son los de paro, enfermedad y maternidad.

Generalmente, el pago de las cotizaciones para los riesgos universales son a cargo de los beneficiarios y el Estado; y para los segundos (suspensión de la ganancia) son cubiertos por los patronos y el Estado.

En el año 1935, la inexistencia de un verdadero Sistema de Seguros Sociales en los Estados Unidos, ante la deficiencia de los Sistemas de Pensiones de Vejez y de Paro existentes, obligó al presidente Roosevelt a anunciar el 03 de Septiembre de 1942, un programa de carácter revolucionario, un amplio Sistema de Seguro Social y que en definitiva sirvió de base para la Seguridad Social de su gobierno.

Hoy en día no existe país alguno que dentro de su legislación o dentro de su política de Gobierno no contemplen un Plan de Seguridad Social en el cual se ofrezca la protección y asistencia de los trabajadores a través de un Seguro Social Obligatorio, voluntario o facultativo.

El Seguro Social tiene su campo científico en el Derecho Público y su técnica es una mezcla del seguro individual, mutualidad y asistencia pública. El Seguro Social es una imposición de la Ley a los patronos y empleados, no es un contrato mediante el cual, el Estado asume frente al asegurado la obligación de indemnizar total o parcialmente daños patrimoniales e inciertos previamente determinados, o de cumplir alguna otra prestación según la duración o las eventualidades de la vida de una persona contra el pago de una prima calculada según las leyes de la estadística.

En Panamá rige un sistema de protección de la Seguridad Social que prevé planes de contingencia de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalides, muerte, retiro, cesantía, el cual a través de un sistema de fondos compuesto simultáneamente por los aportes de los beneficiarios (deducciones que realiza el patrono sobre el salario o remuneración del trabajador), de los patronos y del propio asegurador (el Fisco Nacional) indemnizan a sus trabajadores para los casos en que padezcan de tales infortunios.

El Seguro Social no es propiamente un Contrato de Seguros, no existe una base financiera, un cálculo matemático, no existe una proporcionalidad entre las primas y los riesgos y en definitiva, se trata de una institución asistencial o de Seguridad Social del Estado.

La Caja de Seguro Social es el organismo que por mandato de la ley le corresponde administrar todo lo relativo al Seguro Social Obligatorio. De ésta manera el Estado a través de la Caja de Seguro Social protegen a los empleados de los riesgos o necesidades típicamente laborales, declarados con carácter obligatorios para patronos y obreros.

Estarán protegidos por el sistema los habitantes de la República que cumplan con el requisito de afiliación, la protección social que garantiza el Sistema requiere de la afiliación del interesado y el registro de sus beneficiarios calificados. Corresponde al empleador la afiliación de sus trabajadores y quienes no tengan relación de dependencia lo harán directamente.

d. Leyes que lo regulan

Mediante Decreto Ley numero 14 e 27 de agosto de 1954 el cual modifica la Ley No 134 del 27 e abril de 1943 que a su vez subroga la Ley NO. 23 de 1942 se creó la Caja de Seguro Social como institución del Estado con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interior.

Entre los principales objetivos y funciones de la Caja de Seguro Social está el de prestar los servicios de Seguridad Social a los trabajadores del sector privado y público, cotizantes cubriendo riesgos y otorgando prestaciones de enfermedad, maternidad, invalidez, subsidio de familia, viudez orfandad, paro forzosos, accidentes e trabajo, enfermedades profesionales auxilio de funerarias y otras contingencias que puedan ser objeto de previsión social para la rehabilitación física, mental y social y económica de los sectores incorporados al Sistema de Seguridad Social, así como la creación de fondos complementarios con el porte y participación de los trabajadores en materia de jubilación.

Este instrumento legal llamado Ley Orgánica de Seguridad Social, se redacta con la finalidad de corregir en la medida de lo posible las grandes deficiencias que en materia de salud presente nuestro país, sin embargo su gran complejidad lo hace poco menos que inviable.

Desde el punto de vista operativo, crea una gran cantidad de instituciones, pues ordena crear un ente rector para cada régimen prestacional, más una Tesorería de la Seguridad Social, una Superintendencia ( como Organismo Contralor) y un ente rector nacional, dando además plazos para todas estas creaciones, como es el lapso de seis meses a partir de que comience a entrar en vigencia la Ley.

Desde el punto de vista financiero, es sumamente difícil poner en práctica este instrumento legal porque la crisis económica actual, combinada con los costos de protección social que prevé la ley Marco, amenazará el equilibrio fiscal del sistema, al estimular la “informatización” de un gran número de empresas ( sobre todo medianas y pequeñas) y mermar así el número de cotizantes.

Esta Ley ata el futuro del Sistema la voluntad del Presidente, al concentrar en sus manos la posibilidad de nombrar los presidentes de las nuevas instituciones. Y presenta algunas inconsistencias como el establecimiento de topes salariales mínimos y máximos de cotización a la Ley de política Habitacional vigente de forma transitoria, la cual no los contempla y la supresión de crear entes administradores de pensiones de carácter privado.

III. LOS SINDICATOS PANAMEÑOS Y SUS RAICES HISTORICAS EN DIFERENTES AREAS EN EL SECTOR PUBLICO

El desarrollo de la clase obrera en Panamá está asociado con las condiciones socioeconómicas que determinan la articulación de la economía panameña en la división internacional del trabajo, en su papel de ruta de tránsito al comercio mundial, colocándola en la esfera de la circulación a través del sector servicio-comercio.

El movimiento obrero panameño es uno de los más antiguos de América Latina, pero al mismo tiempo es uno de los más jóvenes. Esta contradicción se sustenta en el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, que en nuestro país se presentan desde muy temprano (mediados del siglo XIX), en donde se contraponen proletarios y capitalistas. Sin embargo, el origen de las centrales obreras en el país data de reciente fundación (década del 40 del presente siglo), las mismas surgen ligadas a la actividad terciaria.

Con el surgimiento de la República se presenta la necesidad de una serie de inversiones en obras de infraestructura y de impulso al desarrollo, con ello aumenta la demanda de fuerza laboral, es decir, aumenta el peso relativo de la fuerza laboral asalariada.

El origen del sindicalismo panameño es producto de la inmigración e importación de fuerza laboral. A finales de la década de 1910 surgen las primeras organizaciones sindicales caracterizadas por un sentido “mutualista” (Ayuda Mutua, no ven en la lucha reivindicativa la forma de alcanzar sus principales reivindicaciones).

Con la finalización de los trabajos de construcción del canal y de la Primera Guerra Mundial, cae la actividad de tránsito en el istmo, lo que origina una gran depresión económica que afecta principalmente a la clase trabajadora; con ello se acrecentaron las condiciones objetivas para impulsar la organización de la clase obrera. En este contexto general se funda el Sindicato General de Trabajadores (1924), que se convierte en la primera organización de los trabajadores. Uno de los más importantes aportes del Sindicato General de Trabajadores fue que llenó el vacío de una organización popular con sentido clasista, que enfrentó la situación reinante en el país (Como ejemplo de ello, destaca la organización de la Liga de Inquilinos por parte del Sindicato General, quién en 1925 y 1932 conduce la lucha por la rebaja de los alquileres y contra los casatenientes).

En los años 50 se presenta una gran actividad del movimiento popular panameño: lucha contra el régimen del gold y silver roll; el sindicalismo se activa contra el alza del combustible (primera huelga del transporte urbano), en este contexto el Sindicato de Tipógrafos realiza un paro de solidaridad con los choferes; el movimiento estudiantil reorganiza la FEP; en 1959 se da la “Marcha del Hambre y la Desesperación”; la Unión Sindical de Trabajadores de Oficios Mixtos (USTOM) promovió la organización del primer Sindicato de Desempleados e impulsó la lucha por el salario mínimo. Las luchas del movimiento obrero durante este período dejan como resultado la Ley de Salario Mínimo y el Código Agrario; no obstante se dieron con un alto nivel de represión por parte del gobierno de turno. Este nivel de organización y lucha experimenta la incorporación de nuevos métodos de lucha (olla común, participación popular, etc.).

En la década de los 60 el movimiento obrero de las bananeras desmantela a la dirigencia amarilla (En 1947 la empresa bananera montó un sindicato amarillo) y reivindica el sindicalismo como herramienta de lucha de los obreros. La huelga que escenificaron los obreros de las bananeras fue de tal magnitud, que el régimen de turno además de la represión y la tortura, utiliza abiertamente el asesinato de dirigentes sindicales (Como fue el caso de Dionisio Arrocha y posteriormente Rodolfo Aguilar Delgado, este último fue asesinado. Según Ruy Mauro Marini el Proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones constituía un “nuevo carácter de la dependencia de América Latina”. América Latina no sólo exportaría materia prima e importaría productos manufacturados, sino también terminaría de elaborar materia prima semi-elaborada con tecnología importada, dándole un significativo auge al sector industrial, lo que salvajemente), como mecanismo de presión e intimidación. A finales de los sesenta se produce el golpe de Estado que trae consigo un alto nivel de represión hacia el movimiento popular, el control sobre organizaciones gremiales y la cooptación de dirigencias sindicales.

En definitiva, en el período comprendido entre 1936-1968, la clase obrera crece numéricamente, producto de las industrias que se desarrollan durante la guerra y el llamado proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que en el caso de Panamá se desarrolla tardíamente, década de 1960.

Para este período el sindicato, como frente de lucha, se convierte en una organización que permite una coordinación eficaz y centralizadora de las luchas obreras, las acciones desplegadas por los obreros muestran un alto nivel de movilización. El apoyo de los sectores populares fue concreto y de carácter masivo. Si bien el contenido de la lucha es economicista, la lucha desplegada en diversos frentes va abriendo campo para luchas más amplias.

Los obreros panameños desde inicios de la década del ochenta han estado sometidos a las medidas de la política económica neoliberal, las cuales imponen las IFI´s a través de los gobiernos. Esta política ha estado dirigida a la aplicación de medidas de “flexibilización de las normas laborales”; es decir, las modificaciones al Código de Trabajo.

CONCLUSION

Los sistemas de Seguridad Social se han convertido poco a poco en una preocupación mayor para los países desarrollados que destinan a este fin más del 25 % de su producto interior bruto (PIB). Muchos países que se encuentran en el subdesarrollo no pueden hacer frente a estos gastos, bien sea por la carga económica que representan estos programas o bien temen el efecto que las pesadas cargas fiscales impondrían sobre el crecimiento económico del país

Sin lugar a dudas que la historia del Movimiento Sindical en Panamá durante la época Republicana constituye un proceso de evolución y luchas por el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, en cierta medida con un grado de intolerancia por parte de la patronal, las autoridades civiles y militares, lo que conlleva que la Fuerza Social del Sindicalismo lo llevara a la conquista de importantes reivindicaciones laborales económicas y sociales e inclusive de carácter político. Esta Historia nos presenta en la actualidad a un Movimiento Sindical atomizado y dividido, con diferencias ideológicas y políticas, además de con menos fuerza que en años atrás, pero en busca de soluciones para sus gremios y representados, en conquista para la clase trabajadora, profesional y el pueblo panameños, en búsqueda constante de una historia sindical panameña que aun queda por continuar.

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SUCRE, M. Génisis de la Seguridad Social en Panamá. 2005. http://www.sucrelaw.com/sucre/articulo.asp?id=22

ANEXO

Antes y después de movimientos sindicales en Panamá

Logo de la institución que se encarga de la Seguridad Social en Panamá

Del 23 al 27 de abril se celebró la semana de la seguridad social, en donde se realizaron varias actividades para informar y asegurar que los beneficiarios conozcan sus derechos y deberes.

El sindicalismo es un arma de combate de los trabajadores

Citar este texto en formato APA: _______. (2014). WEBSCOLAR. Administración de la Seguridad Social. https://www.webscolar.com/administracion-de-la-seguridad-social. Fecha de consulta: 22 de diciembre de 2024.